El acuerdo firmado entre el Ministerio de Economía y la multinacional Microsoft implica una importante suma en erogaciones, apuntando a necesidades directas del Gobierno de Chile. En otras palabras, Microsoft reparte dinero en acciones de marketing directo para poder conseguir la exclusividad de sus plataformas en las reparticiones públicas. Como en este caso el marketing directo no se establece sobre una persona natural, sino sobre el Estado, se trata de una coima.
Como el software libre no requiere pago por licencias, al Gobierno sólo le habría costado dinero invertir en know how para la implantación de estas tecnologías. Con todo, la suma resultante habría sido mucho más económica que la oferta potencial de la empresa de Bill Gates. Pero no se licitó, sino que se firmó un acuerdo en el que el Gobierno ofrece hasta el Registro Civil a Microsoft, a modo de disponer de la información de todos los chilenos cual cartera de clientes.
En su último punto, el acuerdo estipula que "si el cumplimiento del acuerdo o de cualquier obligación incluida en el presente fuera impedido, restringido o interrumpido por causa que estuviera fuera del control de la parte afectada, dicha parte, previa notificación por escrito a la otra parte, será liberada del cumplimiento con el alcance del impedimento, restricción o interferencia mencionados anteriormente".
Con este acuerdo, el Gobierno de Chile se saltó a Chilecompra, vehículo mediante el cual los entes públicos están obligados de convocar a la licitación de los insumos y recursos que se precisen. Una renovación de las plataformas computacionales (en teoría) debió ser conducida a través de esta división. En tal caso, tuvimos que haber visto en competencia a alguna corporación del software libre (como Ubuntu) en sinergia con alguna ONG versus Microsoft.
Como el software libre no requiere pago por licencias, al Gobierno sólo le habría costado dinero invertir en know how para la implantación de estas tecnologías. Con todo, la suma resultante habría sido mucho más económica que la oferta potencial de la empresa de Bill Gates. Pero no se licitó, sino que se firmó un acuerdo en el que el Gobierno ofrece hasta el Registro Civil a Microsoft, a modo de disponer de la información de todos los chilenos cual cartera de clientes.
En su último punto, el acuerdo estipula que "si el cumplimiento del acuerdo o de cualquier obligación incluida en el presente fuera impedido, restringido o interrumpido por causa que estuviera fuera del control de la parte afectada, dicha parte, previa notificación por escrito a la otra parte, será liberada del cumplimiento con el alcance del impedimento, restricción o interferencia mencionados anteriormente".
¿Clasifica Chilecompra como una causa "fuera de control"? ¿Podría el Registro Civil autónomamente objetar esta decisión? ¿O la Universidad de Chile? ¿O algún municipio?